El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado remitir a la Asamblea para su tramitación el proyecto que adapta la Ley de Cajas regional al Real Decreto del Estado de Cajas de Ahorro, una vez recibido el informe favorable del Consejo Económico y Social. Así lo ha indicado el vicepresidente regional, Ignacio González, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno que ha acordado continuar así el trámite reglamentario que concluirá con la aprobación definitiva por la Cámara autonómica de la nueva Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid. La nueva ley madrileña limita al 40% la representación pública en los órganos de gobierno, refuerza el papel de los impositores, endurece las retribuciones de los altos cargos y pone a la Obra Social bajo protectorado de la Comunidad.

Asimismo, La norma despolitiza las Cajas de Ahorros porque los consejeros no podrán ser cargos políticos electos ni altos cargos de la administración. De este modo, se da mas peso representativo a los impositores en detrimento de las Administraciones y se potencia la independencia de las cajas frente a cualquier poder político, incluso el de los ayuntamientos, que sólo contarán con un 1,5% en el Consejo. Se suprime el representante autonómico en la Comisión de Control de las Cajas de Ahorro y se introduce la incompatibilidad de la presidencia ejecutiva y de la dirección general con cualquier otra actividad retribuida, incluido el SIP (Sistemas Institucionales de Protección), a la vez que se endurecen las retribuciones de los altos cargos.

La Comunidad de Madrid contará con un representante en la Obra Social de las Cajas de Ahorro, de manera que este organismo estará "sujeto al protectorado" de la Administración madrileña. La ley se ajusta a la norma estatal en cuanto al máximo de 12 años de mandato de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro, que solo podrán superar dicho limite en caso de integración o fusión. Asimismo, prevé que las obras sociales que realicen las cajas queden al margen de las reformas estructurales y que, de producirse estas, se sigan destinando los mismos porcentajes a dichos fines.

La Comunidad deberá autorizar el presupuesto de las funciones que las cajas puedan crear para obras sociales y después tendrá que supervisarlo la asamblea general. Una vez que se aprueben los estatutos, Caja Madrid dispondrá de dos meses para reducir la representación pública al 40%, sin que estas modificaciones interfieran en la gestión de las entidades financieras, cuyos órganos de gobierno se adaptarán a la nueva normativa de manera paulatina. Tampoco se verán afectadas las elecciones previstas en Caja Madrid en 2012 para la renovación de los sectores impositores y de los empleados, que se desarrollará como estaba previsto.